La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, Juani García, exigió esta mañana al alcalde de Albacete que asuma su responsabilidad y cese con carácter inmediato a la persona responsable que ha tolerado la comisión de delitos laborales en el Servicio de Acción Social.
Delitos que tienen su origen en la gestión de la empresa adjudicataria de la vigilancia del Centro de Atención Integral a Personas Sin Hogar (CAIPHS), que, tal y como denunció la edil socialista, “ha tenido desde el mes de julio a trabajadores prestando este servicio sin contrato, de forma ilegal y con retrasos e impagos de sus sueldos. Causa más que suficiente para rescindir el contrato a esta empresa”.
Siendo ya unos hechos suficientemente graves y que constituyen un delito en el ámbito laboral, lo alarmante, expuso la Juani García, es que “esta situación fue puesta en conocimiento de la jefa del Servicio de Acción Social del Ayuntamiento de Albacete, a través de la dirección del Centro y de uno de los trabajadores afectados, ya en el mes de Julio, pero sorprendentemente y de una forma totalmente irresponsable y negligente, pues esta persona es la responsable técnica de este contrato, no tomó las medidas oportunas, que no podían ser otras que rescindir el contrato con esta empresa”.
De ahí que la concejala del PSOE exigiera a la concejala de Acción Social, María Gil, en calidad de responsable política, que rescinda con carácter urgente el contrato de la empresa a la que se ha adjudicado el servicio de vigilancia y seguridad del CAIPSH y, a continuación, “cese de forma inmediata a su jefa de Servicio, por conocer con detalle que se estaban cometiendo estos delitos y decidir mirar hacia otro lado”, aseveró García.
En el supuesto de que la concejala de Acción Social no cese a la responsable de este Servicio municipal, “solo nos cabrá pensar que o bien ella era también conocedora de estos graves hechos o bien que dá por buena la negligente actuación de su jefa de Servicio. En ese caso, exigiríamos al alcalde que cese a ambas”.
En este punto, la concejala socialista recordó que el CAIPSH atiende a personas en situación de exclusión social, que no tienen un lugar de residencia en el que vivir ni medios para encontrarlo.
El pasado año, a través de este recurso se atendieron 2.581 personas, entre las que constaban 10 familias con menores a su cargo, que fueron alojadas en el Centro, mientras se les buscaba otra opción de alojamiento más idonea.
“Les facilito estos datos, para que se hagan una idea del contexto y de la importancia del servicio de vigilancia y seguridad en este Centro, donde conviven muchas personas, en situaciones críticas y estresantes, donde hay menores, familias enteras y donde tenemos personal municipal: Educadores, trabajadores sociales y otros profesionales que prestan allí sus servicios y donde se pueden generar situaciones tanto internas como externas que hacen necesario este apoyo”, argumentó García.
En este contexto, prosiguió, “se ha permitido tener trabajadores prestando un servicio tan delicado y especial, y público, no lo olvidemos, de forma ilegal y totalmente desprotegidos, pues ¿Qué hubiera pasado si en el ejercicio de sus funciones hubieran sufrido alguna lesión?, ¿O si alguien hubiera sufrido y denunciado algún daño?, ¿Quién se hubiera hecho responsable de ello si estos trabajadores legalmente no mantenían ninguna relación laboral con la empresa?”, se cuestión la concejala del PSOE.
Asímismo, Juani García inquirió al Equipo de Gobierno de Manuel Serrano sobre el ejemplo que “este Ayuntamiento da a la sociedad, permitiendo y tolerando que se cometan estas ilegalidades con trabajadores públicos, algo que me lleva a pensar con qué legitimidad va mañana un inspector de consumo o urbanismo municipal a sancionar a las empresas que no cumplen, si en este Ayuntamiento no se cumple con el a,b,c de las leyes laborales y se permiten graves ilegalidades”.
De ahí que la concejala socialista concluyera preguntándose “¿Qué ejemplo está dando este Ayuntamiento a la sociedad? Pregunten a cualquier empresario o empresaria que pasa cuando la inspección de trabajo les pilla con un trabajador sin dar de alta o simulando un contrato laboral”.